La trama Bonadio para arrebatar audios con ayuda de AFI
La grabación de las comunicaciones pertenecía al narcotraficante Mario Segovia y había sido autorizada por el juez Federico Villena ante un pedido del Ministerio de Seguridad de aquel momento.
El pedido se basaba en que Segovia estaba intentando “fabricar y contrabandear elementos para la fabricación de cartas bomba”. El juez ordenó su monitoreo e intervención telefónica. Las grabaciones siempre “operaban” sobre él y no sobre el resto de los presos (algo específicamente indicado en las resoluciones de intervención).
Luego de ello, el juez destruyó los audios, pero en algún momento apareció Bonadio para requerir esas grabaciones. Lo demás ya es historia conocida: filtraciones de los audios en la televisión.
La obtención de los audios “destruidos” llegaron a manos de Bonadio merced a una regrabación que se hizo en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Todo sin autorización del juez Villena, el magistrado encargado.
¿Las “cartas bomba” de Segovia fueron una excusa para escuchar a los detenidos en Ezeiza? ¿Las sospechas para generar esa medida judicial fue promovida por el Poder Ejecutivo de Macri y su colaboradora Patricia Bullrich?
En las últimas horas, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó apartarse de la causa por presunto espionaje ilegal a políticos y periodistas, al responder a una recusación en su contra presentada por tres ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) imputados en la pesquisa.
"No soy ni he sido parte en los hechos ahora investigados", sostuvo Villena en la resolución en la que rechazó la recusación, informaron fuentes judiciales. Las palabras del juez responden a la recusación planteada por los exespías quienes aseguraron que tuvieron el aval judicial del propio Villena, para realizar escuchas ilegales al narcotraficante Mario Segovia, en la cárcel de Ezeiza.
La presentación de los agentes de la AFI, Leandro Araque y Jorge Sáez, donde pidieron la recusación pareciera ir en línea con la estrategia de Arribas. Atacar al juez Villena y llevar el expediente a Comodoro Py.
“Dicha causa habría sido utilizada como argumento de defensa en el juzgado federal 8 por las autoridades de la AFI”, explicó una fuente ligada al proceso judicial.
La semana pasada, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, negó “terminantemente haber cometido delito alguno” durante su desempeño en el cargo, al presentar un escrito en la causa que investiga el posible espionaje ilegal de correos electrónicos a políticos, dirigentes y periodistas.
“Jamás dispuse, formal o informalmente, la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie”, aseguró en un escrito entregado este martes al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a cargo del caso.
Otro dato que sorprendió en el juzgado de Villena sucedió en 2018. En octubre (casi 3 meses después) se presentó un informe de 200 fojas donde en dos párrafos de 6 renglones cada uno se mencionó que habían tenido “noticias de un posible atentado contra Cristina Kirchner”.
El juez de Lomas de Zamora no autorizó tareas de inteligencia sobre ella, pues tampoco era el objeto procesal de la causa.
Para Arribas y Majdalani no hubo inteligencia ilegal, el apuro por trasladar a sus espías de la Policía de la Ciudad el 9 de diciembre de 2019 exhibe otra movida de la estrategia “yo no fui”.